Disolver una sociedad inactiva es un paso necesario para evitar sanciones y costes innecesarios. El proceso comienza con la celebración de una junta general donde se aprueba la disolución. A continuación, se nombra un liquidador, se cancelan deudas pendientes y se liquidan los activos. Una vez completado, debe otorgarse escritura pública ante notario e inscribirse en el Registro Mercantil. Finalmente, se solicita la baja en Hacienda y en la Seguridad Social. Aunque la sociedad esté inactiva, sigue teniendo obligaciones legales, por lo que es recomendable cerrar correctamente su ciclo
